El mundo rural está en pie de guerra, incluso organizaciones ecologistas, no confundir con animalistas no entienden el rechazo del congreso de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural propuesta por el PP.

Los primeros protestan porque si no se produce este cambio no se pueden cazar ni pescar ningún tipo de especie invasora, mientras que los segundos están a favor de las prohibiciones que contempla la ley actual.

Por ello, la plataforma Alianza Rural, integrada por 75 organizaciones de caza, pesca, agrarias y forestales, llevará a cabo una "gran manifestación del mundo rural" a finales de la temporada cinegética, en marzo de 2018, para denunciar "la presión" de grupos conservacionistas porque "sólo piden derechos para los animales y no para las personas". 

 Luis Fernando Villanueva, portavoz de la plataforma ha informado la necesidad de acelerar los planes fijados en un principio por dicha plataforma. Ésta es la respuesta de la plataforma ante el rechazo en el Congreso el pasado 20 de junio de la tramitación de una proposición de ley del PP para fijar excepciones que permitan cazar o pescar especies exóticas invasoras, a través de una modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Así, aunque Alianza Rural tenían previsto constituirse legalmente en el próximo mes de septiembre, han adelantado el formalismo para este martes 11 de julio, con el objetivo de tener "una voz única y más fuerza para hacer presión" ante los nuevos acontecimientos, según ha declarado Villanueva.

El portavoz ha confirmado que ya se ha producido una reunión con Partido Popular, el Partido Socialista y con Ciudadanos para \"hacerles ver lo que supone la modificación de la normativa y ha asegurado que el Gobierno ya tiene en marcha otro borrador con algunas modificaciones. Con Podemos no se ha reunido dada la posición inflexible de dicha formación, afirma Villanueva.

Por su parte, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF y Ríos con Vida han lanzado también este martes un documento con el que pretenden arrojar luz sobre las especies exóticas invasoras, en el que analizan cómo afectan estas especies a las autóctonas y señalan que sólo en Europa, este problema ambiental tiene un coste de 12 millones de euros.

Aunque pueda parecer en primera instancia que reman en la misma dirección, estos grupos ecologistas afirman que el Gobierno sólo atiende las peticiones de cazadores y pescadores señalando que queda demostrado que el conflicto se ciñe sólo a unas pocas especies que son objeto de explotación comercial, piscícola, cinegética o turística, por lo que son sólo intereses económicos puntuales los que mueven un cambio en la ley, que terminaría afectando, no sólo a esas especies, sino a otras muchas.

 

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